Sin reglas claras en el juego, secretarios, diputados y funcionarios públicos ya levantan la mano rumbo a las elecciones de 2027, por ello el Instituto Electoral de Tamaulipas advirtió que desde el pasado 13 de septiembre cuando inicio el proceso, el árbitro electoral tiene listas las tarjetas amarillas y rojas para quienes crucen la línea entre una aspiración política y una conducta sancionable.
El presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, advirtió a los aspirantes que la autoridad, actuará a partir de las quejas y denuncias que se presenten.
“Los van a denunciar, la autoridad electoral los va a investigar y, si los encuentra culpables, los va a sancionar. Eso es lo que la ley establece con claridad. En la ley electoral se define qué es un acto anticipado de precampaña y qué es un acto anticipado de campaña”, advirtió.
El mensaje va para aquellos quienes ya han reconocido sus aspiraciones políticas y continúan en cargos públicos en espera de la publicación de la convocatoria de su partido político, tales como, el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, ha reconocido que mantiene aspiraciones políticas y ha mencionado la alcaldía entre sus posibilidades; Katalyna Méndez Cepeda, diputada local; Hugo Arael ReséndezSilva, secretario del Ayuntamiento de Victoria, ha reconocido abiertamente que quiere gobernar Victoria; mientras Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de Parques y Biodiversidad, declaró esta semana que “nunca” se ha descartado.
En la misma conversación sucesoria han aparecido también José “Pepe” Braña Mojica diputado federal, y Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En Reynosa, la diputada local Magaly DeandarRobinson anunció públicamente que quiere ser presidenta municipal y que solicitará licencia para participar en el proceso interno de Morena.
En ese sentido, Ramos Charre que todos los aspirantes con sueldo del erario público, deben tener claro no cruzar esa delgada línea para aprovechar sus posiciones y utilizar recursos públicos para su beneficio personal.
“Ningún servidor público de cualquier orden, federal, estatal o municipal, ninguno, puede utilizar recursos públicos ni para su promoción personal ni tampoco aplicarlos en ningún tipo de aspiración política”, insistió.
También dejo claro que el IETAM no sancionará a alguien simplemente por aparecer en encuestas o expresar una aspiración; tendrá que analizar las conductas denunciadas y las pruebas de cada expediente.